Javier Barreda

Se ha iniciado la transferencia del gobierno de Alejandro Toledo al que presidirá Alan García. La transferencia es sustancial en una democracia, porque implica la responsabilidad de informar sobre el funcionamiento real del Estado por parte de quienes se van a los que ingresan por un nuevo mandato popular.

Este proceso ayuda a que los nuevos gobernantes sepan, en el marco de su propio plan de gobierno, qué políticas públicas deben continuar, qué se debe suprimir, qué es imprescindible mejorar y continuar y, sobre todo, permite una visión más acabada sobre cómo el Estado vino funcionando en los últimos cinco años; más allá de las famosas memorias de gestión o de la pomposa publicidad estatal, a la que es tan aficionado Toledo.

¿Qué se puede percibir hasta ahora? Falencias en muchos sectores y en quienes los comandan. Además de ello, un desnivel en los ingresos, gastos suntuosos, consultorías de dudoso aporte y expresiones de frivolidad en las que han caído círculos políticos –partidarios, intelectuales amigos del régimen y alguna “tecnocracia” que ha logrado hacer creer que es insustituible–. Pero ahora quisiéramos exponer algunos nudos críticos urgentes de superar:

No hay planificación. Ausencia de un ente que  planifique estratégicamente y dé coherencia a las diversas políticas públicas. La creación del Ceplan es una rectificación a la ola neoliberal que tuvo en Boloña su expresión mayor y que dejó sin ente planificador y coordinador de desarrollo al país. Es un consenso y un desafío su implementación, pero a la vez su reforma.

Centralización de los recursos humanos. Existe cierta tecnocracia de calidad instalada en algunas instituciones públicas y que actúa con profesionalismo. Pero parte de la misma no se ha insertado en regiones o zonas con mayor pobreza y exclusión, y por ende con frágil presencia estatal. Necesitamos incentivar la siembra de estos nuevos y capacitados gestores en todo el país.

Dispersión de los programas sociales. No existe un ente central que lidere la política social y los programas contra la pobreza y extrema pobreza se encuentran dispersos en múltiples ministerios e incluso se yuxtaponen en una misma “población objetivo”. Además de ello, no existe un sistema único de evaluación y monitoreo del gasto social.

Injusta distribución de la ayuda al desarrollo.  Existe cooperación para el desarrollo que no se usa por falla de proyectos o contrapartidas, pero más allá de eso, la entidad que norma la cooperación técnica está adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores, pero está bajo el “control” de la PCM.  

La ausencia de una política general definida al respecto genera que sean las zonas más pobres las que menos cooperación reciban. 

Por ahora, podemos adelantar que se recibe un Estado con “islas de modernidad” en medio de una burocracia extensa y desordenada. Un Estado con muchos decisores autónomos y ampliamente vulnerado por “poderes fácticos”.

Pero además, con algunos especiales personajes que pretenden vivir –como dice el bolero– toda una vida de lo estatal, debido a que alguna vez escribieron un libro, son hijos de algún famoso ciudadano o conocieron a los Toledo,  ganando la licitación pública de su simpatía.

La Diario Primera , 01 de Julio del 2006